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La conciliación, una política de Estado en el sector justicia

Con la salida del Proyecto Acceso a Justicia de la Cooperación Suiza se cierra el capítulo fundacional de la conciliación en Bolivia y se abre otro con la participación protagónica de las instituciones estatales y de sociedad civil, cuyo desafío será potenciar los avances de esta política de Estado en el sector justicia.

Acto de cierre del Proyecto Acceso a Justicia en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional  (La Paz, abril de 2022)

La conciliación no solo llegó para quedarse, sino que se presenta como uno de las perspectivas más claras del futuro de la justicia en Bolivia, al consolidarse en la última década como una política de Estado en el sector justicia.

En ello coinciden todos los actores, desde quienes toman las decisiones hasta los beneficiarios, pasando por la gente de la cooperación internacional.

Desde luego, hay algunos desafíos para su mejor aplicación en ambos ámbitos, judicial y extrajudicial, al igual que en las instituciones del Estado y centros de sociedad civil.

Ricardo Torres, presidente del Tribunal Supremo de Justicia

En materia de conciliación penal, el Ministerio Público deberá seguir consolidando y ampliando el trabajo de las unidades de conciliación a su cargo. 

Juan Lanchipa, fiscal general del Estado

En el área judicial debe fortalecerse la conciliación intraproceso a cargo de los jueces, donde la carga de casos es muy elevada y escaso el tiempo para cada proceso conciliatorio, que es una de las razones por las que no existe una mayor cantidad de casos resueltos por esta vía.

Es importante incorporar conciliadores en materia familiar, aunque sí se han dado algunos pasos, contratando 23 profesionales en sicología y trabajo social para apoyar a las juezas y jueces en esta materia.

Otra dificultad que debe superarse es la incomparecencia, es decir la falta de asistencia a las audiencias de conciliación, y que se debe, en gran medida, a una todavía insuficiente información a las partes sobre el proceso conciliatorio y, coyunturalmente, a la pandemia desde 2020. Aunque, esto, por otro lado, ha abierto una ventana de oportunidad a una práctica que es cada vez más frecuente y habrá que consolidar: la conciliación por la vía virtual.

Con un presupuesto tan bajo en el área de justicia —menos del 1% del presupuesto general—, el dinero siempre será un tema pendiente, aunque existe un aporte de Bs 7 millones que corresponden a la contraparte del Órgano Judicial para dar continuidad a la conciliación, recuerda Miriam Campos, coordinadora del Proyecto Acceso a Justicia.

Más recursos significan también más ítems para más conciliadores, aunque mejor distribuidos, ya que actualmente "existe un desequilibrio en la carga procesal, por lo que debe cambiarse el modelo de gestión a un pool de conciliadores”, advierte Freddy Barbolín, jefe nacional de Estudios Técnicos y Estadísticos del Consejo de la Magistratura.

Freddy Barbolín, jefe nacional de Estudios Técnicos y Estadísticos del Consejo de la Magistratura.

Otro desafío que debe estar en primera línea es cuidar la capacitación permanente, un tema en el que la Cooperación Suiza hizo hincapié de manera constante.

Pero no solo eso, sino también “la evaluación a los procesos de capacitación”, añade José Flores, director general de la Escuela de Jueces del Estado, entidad académica del Órgano Judicial que forma jueces en el marco de la carrera judicial.

En el ámbito extrajudicial, la Fundación UNIR Bolivia ha logrado consolidar el trabajo de dos grandes redes: la de Centros de Conciliación y la de Conciliadores, que han encontrado la senda de un trabajo común y apoyo cooperativo, tanto en el estudio de la casuística como en los procesos de capacitación.

El desafío en el caso de los centros de sociedad civil es mejorar los procesos de información y divulgación, para lograr una ciudadanía informada y educada. 

Griselda Torrico, conciliadora de la Fundación UNIR Bolivia

Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha sugerido la “sinergia” entre los centros de conciliación y que permitan desburocratizar el aparato de justicia, sin descuidar el aspecto de formación continua y mejora de la calidad de los servicios, como refiere el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

César Siles, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales

Con todo ello, cuáles son las perspectivas: 

Mila Reynolds, Oficial Nacional del Programa del Área de Gobernabilidad de la Cooperación Suiza

Y, cuál fue el aporte y qué le deja el Gobierno Suiza y la Agencia de Cooperación al país en el tema de conciliación, ahora que el Proyecto Acceso a Justicia acaba de cerrar puertas y la Embajada también dejará el país en algún tiempo: