"La justicia está lejos de la gente"
La administración de justicia sufre una crisis estructural e histórica que afecta directamente a la ciudadana, impidiendo un acceso directo a este servicio básico. O como lo mencionó hace poco Diego García-Sayán, relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados: "está aún lejos de la gente"
Imagínense que todos los días tengan que compartir el metro cuadrado que tienen a su alrededor con otras dos personas, y de paso intemperie, es decir sin un techo que los cubra del sol y la lluvia o los proteja del viento y el frío, lo que tenemos es una imagen más propia de una pesadilla o del mismo infierno.
Aunque parezca irreal, esta es la situación diaria de 550 personas privadas de libertad en la Carceleta de Montero, ubicada a pocas cuadras de la plaza principal de este municipio cruceño.
Medio millar de hombres que deben convivir en no más de 200 metros cuadrados, es decir cerca de 3 por cada metro, un hacinamiento de más de 1000%. Algunos de ellos tienen el “privilegio” de estar bajo un techo, aquellos que viven en alguno de los cuatro bloques de un promedio de cinco por seis metros cuadrados, el resto debe arreglárselas en un pequeño patio.
Carceleta de Montero
Nueve de cada 10 de los detenidos no tienen sentencia, es decir, detenidos de manera preventiva. “Un basurero humano”, concluye Adolfo Estremadoiro, que vivió en estas condiciones durante 10 años y 7 meses, y hoy, ya en libertad, es un activista por la mejora de las condiciones de sus excompañeros.
Adolfo Estremadoiro, activista.
La Carceleta de Montero muestra de manera descarnada la realidad no solo del régimen penitenciario boliviano, sino también del sistema judicial: con un 261% promedio de hacinamiento en los 46 recintos penitenciarios urbanos y rurales (el más elevado de Sudamérica); con más del 60% de detenidos sin sentencia; con un déficit importante de jueces (uno por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en América Latina es 13,7); y con el presupuesto más bajo de América Latina (menos del 1% del presupuesto general, cuando en la región el promedio es de 4%).
Si toda esta realidad tendría alguna puntuación, lo más cercano sería la clasificación del Proyecto de Justicia Mundial, que cada año presenta el Índice de Estado de Derecho que mide el desempeño de 139 países, y que, para el 2021, ubicó a Bolivia en el puesto 129 de la clasificación global y en el puesto 29 de 32 países a nivel de América Latina y el Caribe.
Fuente: Índice de Estado de Derecho 2021.
"La justicia está lejos de la gente", con esta frase dramática el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de los Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, que visitó el país en febrero de 2022, presentó su informe de observaciones preliminares al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En su estadía se reunió con los principales órganos del sistema de justicia, autoridades de gobierno, oposición política, representantes de la sociedad civil, así como con víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos y académicos.
“Es una justicia que está en crisis, con problemas reiterados que no han sido abordados aún por el Estado…, cambiamos las normas pero no las estructuras, tenemos una legislación de avanzada, pero las brechas no han cambiado”, explica Susana Saavedra, Directora de la Fundación Construir, institución que cada año presenta el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia.
Susana Saavedra, Directora de la Fundación Construir.
Entre las novedades del último informe de esta Fundación, con datos para 2020, está un capítulo con datos sobre un medio de acceso a la justicia, que, a pesar de esta dura realidad, se presenta como una salida eficaz, directa y barata a la crisis de la justicia en Bolivia: la conciliación.
La que verán a continuación es precisamente una relación cronológica y temática de la historia de este medio directo de acceso a justicia, sus logros y desafíos, relatada por sus propios protagonistas.