Una Red de iniciativas para acceder a la justicia
Emiliana vivió un peregrinaje doble durante seis años: el primero se inició en 2015, y el segundo en 2017. Todo empezó cuando su hija fue víctima de feminicidio por parte de su pareja, en 2015; desde entonces comenzó su largo andar en busca de justicia, con varios tropiezos en su camino. El segundo se cruzó con el anterior, luego de que su sobrina fuera asesinada por su concubino, en 2017.
Para el primer caso, la madre contrató a un abogado, quien durante dos años no le brindó una defensa solvente; por ello, una amiga la llevó hasta la Oficina Jurídica para la Mujer —una organización especializada en brindar asesoría legal que trabaja en Cochabamba—. Allí, de forma gratuita y con enfoque de género, recibió asesoría legal en el feminicidio de su hija.
“En esos tiempos me sentía muerta en vida porque no tenía recursos, no sabía adónde ir, qué tenía que hacer; tenía que estar detrás del abogado y de la Fiscalía. Cuando vine a la Oficina Jurídica, ya sabía adónde ir y qué hacer (…). Me han ayudado a cambio de nada, gratuitamente me han ayudado”, relata Emiliana (61 años) sobre el caso de su hija, que ya cuenta con sentencia ejecutoriada al igual que el de su sobrina, todo gracias al apoyo de la institución.
Emiliana
La administradora nacional de capacitación en la Fundación UNIR, Griselda Torrico, explica que, a partir de la alianza con las instituciones, el proyecto brindó, durante poco más de un año, el bagaje necesario para fortalecer sus capacidades institucionales, principalmente en la implementación de indicadores de calidad.
Y, es que, en un país como Bolivia, en el que el acceso a la justicia parece ser más un lujo para unos cuantos que un derecho para todos, las víctimas requieren de instituciones de la sociedad civil que acompañen los procesos judiciales. Además, esta situación se acentúa cuando las víctimas son de poblaciones vulnerables, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, y más aún si son de escasos recursos.
Por ello, la fase II del Proyecto Acceso a Justicia —financiado por la Cooperación Suiza en Bolivia y ejecutado por la Fundación Unir Bolivia y por la Unidad de Implementación de la Cooperación— hizo foco en fortalecer a seis organizaciones que brindan patrocinio y orientación legal en distintas ciudades del país.
Griselda Torrico, de la Fundación UNIR Bolivia
Organizaciones de acceso a justicia de sociedad civil
Las organizaciones que trabajaron en esta alianza y fortalecieron sus habilidades son: Fundación Microjusticia Bolivia (MJB), Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), con sede en La Paz; Fundación una Brisa de Esperanza (Fube), Fundación Kallpa y Oficina Jurídica para la Mujer, en Cochabamba, y Fundación Paz y Esperanza, en Santa Cruz.
Medirnos para mejorar
A partir del proyecto, la Fundación UNIR Bolivia brindó apoyo en las áreas de promoción y capacitación institucional a las organizaciones con el fin de reforzarlas, además de profundizar, donde correspondía, la conciliación extrajudicial. En el primero se desarrollaron productos comunicacionales y en el segundo se vio la necesidad de tener indicadores que puedan reflejar su trabajo en términos cuantitativos, y así mejorar la calidad del servicio.
Un reto necesario, así lo califica la mayoría de los representantes de las organizaciones beneficiarias del proyecto, es la necesidad de contar con indicadores de calidad para brindar un mejor servicio a sus usuarios. Ellos son conscientes de que asimilar esa tarea —en la mayoría de los casos con poca cantidad de recursos humanos— es un desafío, pero que están dispuestos a asumir.
Al respecto, Verónica Roque, coordinadora de la Fundación Una Brisa de Esperanza —con sede en Cochabamba, y que trabaja en la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual—, considera que el proceso de fortalecimiento institucional les permitió pensar en qué pueden mejorar, en la forma adecuada de atender las necesidades de las personas que buscan sus servicios. Además, cree que la mirada externa ayuda mucho a mejorar los procesos internos.
Verónica Roque,
Coordinadora de la
Fundación una Brisa de Esperanza
El arduo trabajo que implicó la capacitación, en relación con los indicadores de calidad —que en muchos casos significó que las organizaciones ocuparan mayor carga horaria debido al compromiso con su labor—, sirvió para tener un panorama de los aciertos, falencias y retos de estas instituciones que están agrupadas por departamento, es el caso de las organizaciones en Cochabamba. La Oficina Cochabamba de la Fundación UNIR Bolivia hizo un diagnóstico sobre las debilidades, fortalezas y el estado en que se encuentran las Organizaciones No gubernamentales (ONG), el que nutrirá a la mejora de sus servicios para el próximo año.
“En función a esto hemos elaborado un plan de mejora, y ese plan de mejora se ajusta también a cada institución, es diferente, y en función de esto tratamos de mejorar la calidad de nuestros servicios”, asegura el administrador de la Oficina Cochabamba de la Fundación Unir Bolivia, Javier Campos.
Javier Campos, de la Fundación UNIR Bolivia
A partir de los diagnósticos realizados en los tres departamentos donde opera el proyecto de Acceso a la Justicia II, se encontraron necesidades, pero también retos que las organizaciones asumirán el próximo año.
En un primer informe sobre la implementación de este proyecto se expresan algunas necesidades, por ejemplo la accesibilidad a los servicios desde las plataformas digitales y el uso de estas en tiempos de pandemia.
Griselda Torrico, conciliadora de la Fundación UNIR Bolivia
Jorge Machicado, el consultor que guio la capacitación, explica que el proceso de medición de indicares es complicado y que por ello se acordó que las organizaciones diseñen sus indicadores a partir de sus capacidades y midan lo que ya estaban trabajando.
“Para que sus indicadores sean cada vez mejores, lo primero que tienen que medir es lo que tienen, y eso ir perfeccionando. Este reto no es de la noche a la mañana”, añade.
Machicado explica que es importante medir una vez al año, y que en el caso de las organizaciones se hará una auditoría a la primera fase de diseño de sus indicadores.
La administradora nacional de los centros de conciliación, Fátima Pizarro, explica que para la generación de indicadores se hizo hincapié en la percepción de la calidad de los usuarios de los servicios y, así, con esos insumos, las organizaciones podrán mejorar la calidad del servicio.
Los beneficiarios están interesados en sistematizar la opinión de las personas con las que trabajan, pues creen que esa información les será muy útil para avanzar, y muchos de ellos ya están en ese camino.
Marcelo Rodríguez, director de la Fundación Paz y Esperanza
El comunicar sobre un servicio siempre fue vital para una organización, pero debido a la pandemia esto se hizo aún más necesario, por eso otra de las líneas de acción del proyecto fue reforzar el ámbito comunicacional de las ONG.
Con cada organización se trabajó un paquete multimedia, como videos, fotografías y, en algunos casos, material impreso. Para ello, se entrevistaron a los miembros de cada equipo, además de las y los beneficiarios de los servicios. Asimismo, a través de medios y de periodistas aliados se elaboraron reportajes para cada uno de los involucrados en el programa.
Martine Greischer, directora general de la Fundación Kallpa, resalta el trabajo comunicacional, pues dice que no se puede hacer un trabajo si la gente no sabe las opciones que brindan las instituciones para solucionar sus problemas o si no conocen sus derechos.
Martine Greischer, directora de la Fundación Kallpa
Trabajar en redes
Con su nombre y una seña que representa a la ciudad desde la que venían, las y los representantes de las organizaciones que forman la Red de Orientación y Patrocinio en Acceso de Justicia rompieron el hielo. Fue la primera vez que se reunieron de forma presencial, y la oportunidad perfecta para consolidar el nuevo directorio.
“Fue un poco difícil, pero ahora que estamos sosteniendo reuniones presenciales ya estamos elaborando una agenda de trabajo, planificación a corto y mediano plazo. Eso nos va a permitir establecer mayores alianzas y mejorar el nivel de coordinación para llegar sobre todo a la población”, explica Miriam Colque, presidenta del directorio que se eligió el 5 de septiembre de 2021.
La también directora de la Fundación Microjusticia Bolivia, que trabaja en la promoción de acceso a las necesidades legales básicas, cuenta que desde que se fundó la red se identificó que varias de las organizaciones participantes tienen objetivos comunes, y que se podrían establecer alianzas entre estas.
Miriam Colque, directora de Microjusticia y flamante presidenta del directorio de la Red de Organizacones de Acceso a Justicia de Bolivia.
La alianza que forma la Red nació de las capacitaciones que dio la Fundación Unir, en el trabajo de apoyo, orientación y patrocinio legal en el marco del Proyecto Acceso a Justicia, en su fase II. Esta está compuesta por la Fundación Microjusticia Bolivia, Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), Fundación una Brisa de Esperanza (Fube), Fundación Kallpa, por la Oficina Jurídica para la Mujer, y por la Fundación Paz y Esperanza; además, los centros de Conciliación de Unir de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz son parte de este.
El administrador del Centro de Conciliación en Santa Cruz, Rubén Mendoza, afirma que la conformación de estas redes es vital para trabajar y consolidar acciones en favor de los beneficiarios, mucho más cuando en el país se viven momentos de polarización.
“Nos permite hacer cosas conjuntas… La situación del país es preocupante, pero hay esperanza en la medida en que se trabaja en red”, resalta.
Rubén Mendoza, administrador del Centro de Conciliación de Santa Cruz de la Fundación UNIR Bolivia.
Una de las preocupaciones en el país es la falta de acceso a la justicia debido a su retardación, o debido a que las personas que no tienen dinero todavía están en desventaja. Por ello, impulsar una justicia pronta y oportuna, como establecen las normativas bolivianas, son temas que todas las instituciones del Estado y la sociedad civil deben abordar.
Allí nace la necesidad de las organizaciones que trabajan en este tema, y de la conformación de esta red. Las y los representantes de las organizaciones de la red consideran que a partir de esta se pueden derivar casos a las instituciones aliadas.
La directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Jinky Irusta, cuenta que, debido a los incrementos de casos de violencia en diferentes áreas, es imposible que una sola institución pueda cubrir la atención de todas las poblaciones vulnerables, y que por ello la red ayudará referir los casos que ellos no atienden, incluso a otros departamentos.
Jinky Irusta, directora de Oficina Jurídica de la Mujer
Si bien la red nació dentro del Proyecto de Acceso a Justicia, ahora le toca crecer por su cuenta, por lo que las instituciones involucradas trabajan por su sostenibilidad.
Por ello, en la primera reunión presencial marcaron las directrices de la red y un bosquejo de su plan de actividades, las cuales serán dirigidas por el directorio, que fue recientemente posesionado y que tiene un gran reto para el próximo año.
Todas las instituciones integrantes expresaron su emoción y su apuesta por la red. Entre las expectativas que tienen programadas está crear un mapa de actores para la derivación de casos, la realización de futuras capacitaciones y la búsqueda de financiamiento de manera conjunta.
Asimismo, tienen el interés de compartir sus experiencias en el manejo institucional, con el fin de reforzar el trabajo que cada una de ellas realiza en el camino de promover el acceso a la justicia.
Miriam Colque, flamante presidenta de la Red de Organizaciones de Acceso a Justicia de Sociedad Civil
Las organizaciones
Fundación Paz y Esperanza
Trabaja en la ciudad de Santa Cruz. Es una organización internacional cristiana de derechos humanos, dedicada a defender y promover la justicia en favor de las personas y de las comunidades en situación de pobreza o afectadas por injusticias.
Esta institución se centra en la atención y prevención de violencia sexual, violencia de género a niños y niñas. Además, brinda servicio integral con los componentes psicológico, legal y social. También atiende procesos familiares en guarda, divorcio y asistencia familiar, entre otros.
Hasta septiembre de este año esta fundación atendió de manera integral y directa más de 60 casos. Asimismo, brindó atención indirecta a 1.500 personas, en orientaciones y capacitaciones, a través de los diferentes servicios que ofrece.
Fundación Brisa de Esperanza
Fundación Brisa de Esperanza (Fube) trabaja en Cochabamba desde 2004. Esta organización brinda atención legal, psicológica y social a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, y a sus familias.
La fundación lleva procesos de capacitación y sensibilización sobre violencia sexual a varias poblaciones de la ciudad de Cochabamba y a otros departamentos. Además, genera propuestas de políticas públicas para mejorar la atención a niños y niñas víctimas.
En 16 años de vida, Fube atendió 1.941 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Durante la pandemia, trabajó mediante la plataforma Zoom y a través de tres líneas telefónicas para atender al menos 100 casos.
Fundación Kallpa
Fundación Kallpa tiene el objetivo de apoyar a la gente en desventaja social y a personas que requieren de apoyo en el ámbito laboral, desde el punto de vista social integral. La institución apoya para que las personas puedan tener acceso a una vida digna mediante un trabajo digno, y seguridad social.
Dentro del proyecto Trabajo Digno, que se ejecuta desde 2011 en Cochabamba como parte de la Fundación Kallpa, se cubren cinco ámbitos: búsqueda de trabajo, apoyo en el emprendimiento, apoyo legal-laboral, apoyo en el bienestar laboral, y acceso a la seguridad social.
Durante los 10 años que trabaja, 6.000 personas recibieron apoyo individual en temas laborales y de seguridad social; 26.700 personas fueron capacitadas en temas de trabajo y salud por medio de talleres y formaciones; 817.500 personas fueron sensibilizadas por medio de material escrito y audiovisual.
Fundación Microjusticia Bolivia
La Fundación Microjusticia Bolivia trabaja desde 2007 en la promoción del acceso a necesidades legales básicas, como el derecho a la identidad, a la propiedad y al documento de personalidad jurídica, este último en el caso de las organizaciones sociales.
Cuenta con dos áreas principales de trabajo: legal y social. El primero se encarga de la investigación de las necesidades legales de la población. El segundo, brinda orientación legal en puntos estratégicos en las ciudades de El Alto y La Paz.
Para reforzar su trabajo, la Fundación Microjusticia Bolivia inauguró en septiembre de este año la plataforma virtual de protección legal mediante. A través de este medio la población puede acceder a información legal básica sobre la propiedad de inmuebles y vehículos, además, sobre sucesión hereditaria, familia, negocios y contratos. Asimismo, puede brindar la asistencia jurídica de un abogado.
Escuchemos las palabras de María Choque, exdirectora de Microjusticia, que lamentablemente falleció hace poco tiempo.
Oficina Jurídica de la Mujer
La Oficina Jurídica para la Mujer, con una trayectoria de más de 35 años, trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva jurídica, psicológica, social y de género.
La institución se centra en la prevención y atención de esta aguda problemática. En el primer aspecto capacita a mujeres que quieran liderar la defensa de sus derechos, y a jóvenes y universitarios que ayuden a prevenir la violencia y socializar a sus pares. En la segunda área se especializa en brindar atención integral, con énfasis en apoyo psicológico a las víctimas.
También brinda contención en crisis a grupos de autoayuda para mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar. En cuanto a la parte legal, actualmente se centran en la atención de casos emblemáticos, como feminicidios y tentativa de este delito, además de violencia sexual e intrafamiliar.
Capacitación y Derechos Ciudadanos
Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) es una institución sin fines de lucro, que desde 1993 trabaja con la promoción del conocimiento y respeto de los derechos humanos y ciudadanos, a través de patrocinio legal y orientación jurídica.
Trabaja con las comunidades LGBTQ+, con privados de libertad, en orientación jurídica, asistencia legal y en conciliación. Cuenta con un centro de conciliación extrajudicial, medio alternativo que permite la solución de conflictos de manera rápida, amigable, económica y voluntaria, con todo el valor jurídico y legal sobre los acuerdos arribados.
Desde el Programa Privados de Libertad, CDC trabaja con adolescentes y brinda procesos de capacitación a operadores de justicia, y también a instancias de régimen penitenciario, Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedeges), entre otras instituciones.