GUÍA DE LA CONCILIACIÓN EN BOLIVIA
Los enlaces que necesitas para entender este medio directo de acceso a la justicia.
Con la aprobación, en 2009, de la Constitución Política del Estado vigente, que incorpora la figura de la cultura de paz (Art.10) como un principio que orienta la vida en sociedad, y la Ley 025 del Órgano Judicial, en 2010, que incluye la figura del conciliador como un funcionario especializado en el apoyo de resolución de conflictos, se establece el marco fundacional de la práctica moderna de este medio de acceso a justicia, considerado hoy como una política de Estado del sector justicia
A esta cadena normativa se suma en 2013 la Ley 439, Código Procesal Civil, que establece que “las partes podrán conciliar en la etapa previa, a cargo del conciliador, o dentro del proceso judicial, a cargo del juez"; y la Ley 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar, que incorpora la conciliación familiar a cargo de los jueces.
El 2015, el Órgano Judicial se compromete a financiar los ítems de 157 conciliadoras y conciliadores del área judicial, considerados como las y los “pioneros de la conciliación”, actualmente distribuidos en 132 oficinas de conciliación de los Tribunales Departamentales de Justicia.
Reunión nacional de conciliadores en sede judicial (Cochabamba, 2019)
También el 2015 año se promulga la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje, que regula y abre las puertas al segundo gran ámbito de la conciliación: el extrajudicial, cuyo órgano rector es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. La Fundación UNIR Bolivia, en el marco de la segunda fase del proyecto Acceso a Justicia, implementa dos centros de conciliación en La Paz y Cochabamba, y participa en procesos iniciales de capacitación a jueces y conciliadores judiciales.
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A marzo de 2022, ya funcionaban en el país 51 centros de conciliación extrajudicial, entre públicos (administrados por los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional), universitarios y privados.
Centro de Conciliación de la ciudad de La Paz de la Fundación UNIR Bolivia
En 2018 se conforma la primera Red Nacional de Centros de Conciliación Extrajudicial, y dos años después, en 2021, se inaugura la Red Nacional de Centros Universitarios de Conciliación, constituida por 13 de 15 universidades del sistema público, que trabaja a base del modelo iniciado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Primer Encuentro de la Red Nacional de Centros Universitarios de Conciliación (Cochabamba, 2021)
En agosto de ese año, después de dos años de implementación de la conciliación en sede judicial, el Órgano Judicial encomendó un estudio econométrico de costo-beneficio de la conciliación previa, es decir la que realizan los conciliadores judiciales en materia civil-comercial. Los estudios confirmaron lo que ya se sabía en la práctica: que una conciliación cuesta mucho menos y toma un menor tiempo que un juicio: un proceso judicial, en promedio, dura 247 días y cuesta Bs.13 mil, frente a los 47 días y Bs 1.800 de una conciliación. En 2021, un estudio similar para el Ministerio Público, determinó que mientras un juicio penal dura, en promedio, 48 meses, y cuesta Bs. 29.000; una conciliación solo toma 4 meses y Bs 2.500.
También el 2018 se firmó el convenio entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y la Fundación UNIR Bolivia, mandataria del Proyecto Acceso a Justicia de la Cooperación Suiza, para la implementación del modelo de conciliación vecinal municipal, que actualmente se implementa en los municipios de Sacaba, Punata y Cercado, en el departamento de Cochabamba.
Firma del convenio entre el GAMLP y la Fundación UNIR Bolivia para la implementación de la conciliación vecinal municipal.
El 2019 se promulgó la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, que mejoró la aplicación de la conciliación en materia penal. En 2020, el Ministerio Público implementa, en los nueve departamentos y la ciudad de El Alto, las Unidades de Conciliación en materia penal, que en sus primeros dos años tuvo una efectividad de más del 50%. El trabajo en el ámbito de la conciliación penal se complementa con la prestación que ofrece el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
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Un similar desempeño tuvo la conciliación agroambiental, gracias al trabajo de 63 jueces agrarios del Tribunal Agroambiental que trabajan de manera itinerante en todo el país.
Encuentro Nacional de los fiscales de conciliación y materia (Cochabamba, 2021)
Los resultados lo dicen todo: entre 2016 y 2021, cerca de 150.000 personas resolvieron sus conflictos por la vía de este medio directo y pacífico de acceso a justicia, con acuerdos totales y parciales, tanto en sede judicial como en el ámbito extrajudicial.
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De ello, pueden dar testimonio, miles de bolivianas y bolivianos en los nueve departamentos del país.
