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¿SABES DÓNDE BUSCAR AYUDA LEGAL CUANDO ESTÁS EN PROBLEMAS?
Los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu) dan asistencia legal gratuita a las víctimas en 18 oficinas. Entre enero y octubre de 2021, atendieron a 30.493 personas.
El Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep) atiende gratis en 19 oficinas a personas denunciadas por delitos penales. Entre enero y octubre de 2021, atendió a 6.707 usuarios.
En muchas ocasiones, personas de escasos recursos no pueden pagar a un abogado cuando tienen un problema. Y la falta de dinero es un escollo para acceder a la justicia y a un juicio justo porque no cuentan con asesoramiento legal. Para contrarrestar este escenario adverso, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional ha puesto a dos grupos de abogados al servicio de la población vulnerable que ahora puede contar con un abogado que no le cobrará nada.
El primer grupo de abogados está conformado por 38 profesionales que trabajan en los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu), para dar asistencia legal a las personas que se acercan a sus oficinas ubicadas en los nueve departamentos de Bolivia como se puede observar en el siguiente mapa. Allá, presentan su denuncia vinculada a casos de violencia de género y conflictos en materia civil, familiar y penal.
Los Sijplu también ofrecen el servicio de tres psicólogos en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para acompañar a las víctimas de violencia, adultos mayores y, en general, a personas de escasos recursos que necesitan hacer una denuncia en materia civil y familiar. Solo para las y los abuelitos también están habilitadas las materias laboral y agraria.
Una de las adultas mayores de 67 años que ruega por justicia fue hasta una de las oficinas de los Sijplu en Santa Cruz. “¡Lo que pido yo es justicia, justicia pido!”, clama quien asegura sentir miedo de vivir en su propia casa. Ella vende coca en el Quinto Anillo de la capital cruceña, en la zona La Cuchilla. Por su edad, sus hijos decidieron contratar a una joven para que la ayude en el comercio y le haga compañía, sin imaginar que en un futuro la tendrían que demandar por robo e intento de homicidio.
Una de las hijas de la vendedora de coca cuenta la historia (ver video). Asegura que la muchacha, junto a dos personas más, planificó el robo. La adulta mayor habría sido golpeada en la cabeza con un combo usado para machucar las hojas. El caso fue difundido en redes sociales y los abogados de los Sijplu en Santa Cruz decidieron intervenir de oficio en menos de 24 horas al ver que la familia desconocía los procedimientos legales.
El caso de la vendedora de coca que clama por justicia es uno de los 30.493 que atendieron los Sijplu solo entre enero y octubre de 2021 en las 18 oficinas que tienen en distintos municipios del país.
Los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional son un brazo operativo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y dependen del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, que forma parte de la política de acceso a la justicia para personas de escasos recursos y sectores vulnerables. Cuenta con cuatro subservicios: orientación jurídica, patrocinio legal, atención psicológica y de conciliación extrajudicial.
El segundo grupo de abogados que el Ministerio de Justicia ofrece a las personas de escasos recursos trabaja en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), para atender exclusivamente a aquellos denunciados por delitos penales.
Los denunciados también tienen derecho a acceder a la justicia y a un juicio justo, además de que se debe presumir su inocencia hasta que la sentencia ejecutoriada le mande a prisión o le libere. Así está establecido en la normativa internacional y nacional. Para ellos, mediante Ley 463 se creó el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), cuyos abogados se constituyen en la representación legal gratuita de aquellos acusados en libertad o con privación de libertad que no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado y enfrentar el proceso penal.
Este servicio tiene 19 oficinas en distintos municipios como se puede ver en el mapa y cuenta con trabajadores sociales y psicólogos en el caso de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Una de las usuarias del Sepdep en La Paz es una mujer de 49 años que vende gelatinas, jugos y sándwiches de manera ambulante. Ella vivió durante tres años con un primo hermano, un adulto mayor a quien ella asegura haber cuidado hasta que en agosto de este año la denunció por negarse a devolverle 26.600 dólares que supuestamente le había entregado. Al llegarle la notificación de la demanda, se asustó y pensó en la imposibilidad de contratar a un abogado porque el dinero apenas le alcanza para vivir. Fue entonces que una amistad le sugirió acudir al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, desde donde la derivaron al Sepdep. Allá le proporcionaron una abogada. “Cuando llegué me atendieron muy bien. Estoy muy agradecida. Yo tenía poco tiempo para responder a la demanda y ellos se movilizaron”. Ahora la usuaria del Sepdep tiene una abogada con la que dice sentirse segura porque se preocupa por ella, “está pendiente de todo”.
ACCEDER A LOS SERVICIOS ES FÁCIL
Los servicios de los Sijplu y Sepdep no solo son gratuitos, sino también de fácil acceso y respuesta inmediata. No se necesita una carta formal ni cumplir prerrequisitos. En el caso de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional solo basta acercarse a una de las oficinas que tienen en Bolivia portando el carnet de identidad. En el día, uno de los abogados atenderá a la persona y escuchará su historia. Los datos estadísticos señalan que al menos 50 de cada 100 casos son por asistencia familiar, siendo la causa de demanda más recurrente que interpone el equipo de juristas (observe la primera infografía).
En segundo lugar están los casos relacionados con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348). Las mujeres acuden a los abogados de los Sijplu en busca de apoyo legal gratuito para denunciar violencia psicológica, física, económica o de otro tipo. No hay que olvidar que según el artículo séptimo de la Ley 348, existen 16 tipos de violencia. También hay familiares de víctimas de feminicidio que buscan justicia con este servicio. El común denominador de todas las denunciantes es la falta de dinero para acceder a un abogado. Vea la ruta que implica este tipo de casos en la segunda infografía:
Acceder a los abogados del Servicio Plurinacional de Defensa Pública es igual de sencillo. La persona denunciada o un familiar o amigo, en el caso de que el acusado haya sido privado de su libertad, puede presentarse en una de las oficinas del Sepdep portando el carnet de identidad y toda la documentación que tenga del caso. En el día, los funcionarios realizan el informe para la designación de un abogado, quien acompañará al denunciado hasta la sentencia del caso. Conozca más a detalle este procedimiento:
LOS RESULTADOS HABLAN POR SÍ SOLOS
Los 38 abogados de los Sijplu en el país son dirigidos por Aldo Tórrez, jefe nacional, quien destaca que solo entre enero y octubre de 2021 se atendieron 30.493 casos, de los cuales 17.653 fueron orientaciones legales; 6.521, patrocinios legales; 4.896, conciliaciones extrajudiciales y 1.423, atenciones psicológicas.
El Jefe Nacional de los Sijplu resalta los logros en sus centros de conciliación, que es una alternativa para resolver conflictos con la mediación de un conciliador capacitado y la firma de un acta con valor legal de sentencia, apelando al diálogo y sin necesidad de un proceso judicial. Cada día, los conciliadores de los Sijplu de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz atienden entre 20 y 25 conciliaciones, logrando soluciones para las partes en conflicto en un 75 por ciento de los casos.
Las cifras del Servicio Plurinacional de Defensa Pública también son alentadoras. El director de Supervisión y Control del Sepdep, Limbert Pinto, señala que en 2019 se brindó apoyo legal a 8.314 personas en libertad y con privación de libertad; en 2020 fueron 6.786 usuarios; y entre enero y octubre de este año, 6.707.
El centenar de abogados de este equipo logró 59 sentencias absolutorias en el país, que están referidas a las órdenes de libertad obtenida para personas que estuvieron detenidas meses o años injustamente porque resultaron inocentes. También lograron 1.105 mandamientos de libertad, es decir, personas que recuperaron también su libertad. “Son cifras que reflejan el trabajo arduo de los defensores públicos. Es un trabajo muy dedicado; es una vocación de servicio”, relata Pinto en el video.
VIOLENCIA DE GÉNERO ES EL TIPO DE CONFLICTO MÁS FRECUENTE EN LA PAZ
La mayoría de los casos y, por ende, del personal de los Sijplu se concentra en tres ciudades: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En la sede de gobierno hay dos oficinas, una en pleno centro, en el edificio Cámara Nacional de Comercio, y otra en la calle Chorolque de la zona de Max Paredes. En ambas, los usuarios se acercan más por la conciliación y el patrocinio legal para procesos familiares y penales en temas de violencia de género.
Entre estos casos está el de Deysi, una madre que peregrina desde 2016 por la asistencia familiar para sus dos hijos. La falta de dinero y de tiempo la obligaron a abandonar los procesos. Sin embargo, este año se enteró de la existencia de los servicios gratuitos en los Sijplu y decidió acudir a la oficina del centro paceño. Gracias a la intervención de estos abogados, el padre está a punto de recibir la primera notificación. Deysi cuenta en el siguiente audiovisual su caso y pide a la gente visitar a los Sijplu para “conocer a estos abogados e informarse más sobre estos procesos”.
Unas cuadras más abajo está la oficina del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), en la calle Batallón Colorados, edificio El Cóndor, donde se atiende a personas de escasos recursos sobre todo acusadas de delitos patrimoniales, estafa por anticréticos y peleas, detalla el Director de Supervisión y Control del Sepdep.
“Ayudamos a estas personas a que obtengan su libertad o bien a que obtengan una sentencia justa. Si ya no tienen recursos económicos, nos encargamos de que no se preocupen de costear un abogado”, explicó el Director de Supervisión y Control del Sepdep.
Pinto recuerda que en 2015, cuando fungió como defensor público, atendió el caso de cuatro comunarios de Caranavi (norte de La Paz), que fueron detenidos en la cárcel de San Pedro durante seis meses acusados de trata y tráfico. Una joven había escapado de su casa y montado una historia de secuestro, que tras las investigaciones fue desvirtuada, pues los comunarios simplemente le habían dado trabajo en el campo porque ella contó que era huérfana.
MÁS MUJERES BUSCAN APOYO DE
LOS SIJPLU EN COCHABAMBA
En la misma acera en la que se encuentra la Alcaldía de la ciudad de Cochabamba, en la plaza 14 de Septiembre, están las oficinas de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu). Hasta allá llegan cada mes entre 250 y 270 personas que tienen problemas, pero no dinero para solucionarlos. Siete de cada 10 de ellas son mujeres que buscan ayuda para casos de asistencia familiar, violencia intrafamiliar física, psicológica y hasta económica. El encargado departamental de los Sijplu, Jimmy Fernández Hinojosa, también explica que otro de los servicios más requeridos es el de conciliación por deudas.
¿Cuánto tiempo le lleva a una persona encontrar una solución para su problema? Depende de los casos. Un caso de homologación de asistencia familiar puede tardar entre una y dos semanas. Uno de asistencia familiar, entre tres y cuatro meses. Los delitos penales tienen sus propios plazos: la etapa preliminar se hace en ocho días; la preparatoria, en seis meses; pero generalmente estos plazos son ampliados. Y hasta llegar a juicio pueden pasar uno o dos años, depende del delito.
Uno de los casos que más recuerda el responsable de estos servicios en Cochabamba sucedió en el Chapare y tuvo que ver con violencia sexual. Allá, tres niñas estaban al cuidado de un tío al que llamaban abuelo probablemente porque tenía 66 años. El padre de las pequeñas trabajaba todo el día y no tenía con quién dejarlas. La madre las había abandonado. Así fueron a parar al cuidado del tío abuelo. Sin embargo, aprovechando la confianza depositada en él y el tiempo que pasaba con las niñas, terminó violando a la mayor desde que tenía 11 años y la embarazó años después, en 2017, y luego la hizo abortar en una clínica.
Con apoyo de los Sijplu, la justicia aplicó el Código Penal. El violador fue condenado a 30 años de prisión (25 por violación de la menor de 14 años y cinco por la agravante del embarazo). El médico recibió una sanción de seis años de cárcel por el aborto y los cómplices, incluida la esposa del agresor, fueron sentenciados a tres años. Las niñas viven hoy con otros familiares porque la Covid-19 se llevó a su papá, quien era 20 años menor que el agresor.
Sobre otro caso atendido en los Sijplu de Cochabamba que también se dio en el trópico cochabambino, habló desde Ivirgarzama el padre de una víctima de un intento de violación por el que el agresor fue condenado a vivir 13 años en prisión.
A cinco cuadras al este de la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba están las oficinas del Sepdep, que recibe en promedio 55 solicitudes de atención por mes. La violencia es el común denominador en los casos más atendidos por este servicio que se ocupa de la defensa técnica de las personas que no pueden pagar a un abogado defensor. Los delitos más recurrentes son los de violencia intrafamiliar y otros conexos como la violación y estupro, agresiones a niñas, niños y adolescentes, incluso a personas adultas mayores.
La directora del Sepdep en Cochabamba, Ivette Téllez Flores, también explica que los casos más complicados a veces son resueltos en tres años, todo depende del tipo de delitos por el que se acusa a un usuario o usuaria. Téllez está convencida de que la libertad es el bien más preciado que tienen las personas, así que enfoca el trabajo de la oficina en tratar de aliviar la situación de las personas detenidas, a las que incluso sus propias familias han abandonado.
ASISTENCIA FAMILIAR, VIOLENCIA SEXUAL Y ROBO AGRAVADO EN SANTA CRUZ
La población de la ciudad de Santa Cruz cuenta con dos oficinas de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional: en la avenida Paurito del Plan 3000 y en la avenida Beni del Tercer Anillo interno. Por la demanda de atención, se abrió una tercera oficina en el municipio de Yapacaní, en la avenida Circunvalación, en el Distrito 2.
Jillca Calvimontes, directora de los Sijplu en Santa Cruz, detalla que las dos oficinas del área urbana atienden en promedio a 200 personas en orientación jurídica al mes y más de 1.000 al año. Las demandas por asistencia familiar contra el padre o la madre son las más recurrentes.
“A veces los padres se separan y el que no vive con ellos a veces no cumple con la asistencia, son casos muy recurrentes (…). En los Sijplu atendemos a los demandantes, no a los demandados”, aclara Calvimontes como se puede ver en el video.