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LA PAZ DE LA CONCILIACIÓN

“Sus papeles no están regularizados y su casa puede ser rematada”, fue la advertencia que le habían hecho en 2005 a Carmela Ortiz, y que no salía de su mente. Por eso, ella insistió en regularizar los documentos de su vivienda que compró 10 años antes, y de la que solo tenía fotocopias, que el propietario anterior le había entregado. En la Alcaldía de La Paz le decían que algo no cuadraba en los trámites. En ese momento doña Carmela no imaginó que cargaría con ese problema por casi 15 años.

La vecina pasó dos años tratando de entender qué sucedía y obtener el catastro de su propiedad, hasta que una mañana de 2007 unos topógrafos ediles encontraron el problema luego de realizar estudios satelitales. Le explicaron que parte de la habitación del segundo piso de la casa contigua le pertenecía, de acuerdo con las fotocopias de los planos.

“No. Es del señor de al lado”, les contestó ella.

En el pasado, ambas casas contiguas eran parte de un solo inmueble más grande, de esas infraestructuras gemelas antiguas que aún hay en la zona de Miraflores. El dueño original decidió fraccionar su propiedad para venderla por partes; sin embargo, debido al diseño de la vivienda, la división no fue en línea recta, por lo que una parte del segundo piso, equivalente a ocho metros cuadrados, estaba sobre la otra, y ese fue el motivo que dificultaba el saneamiento de los papeles de ambos inmuebles.

Una mirada multimedia a la experiencia del municipio de La Paz en la implementación del modelo de conciliación vecinal de la Fundación UNIR Bolivia, mandataria de la segunda fase del Proyecto Acceso a Justicia de la Cooperación Suiza.

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Un conflicto, dos vecinas

Carmela Ortiz y María de los Ángeles Estenssoro, frente a las dos casas, que en su momento fue solo una en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz 

En ese momento, doña Carmela y don Alfonso Estenssoro, su vecino y quien le vendió el inmueble, no pudieron ponerse de acuerdo en una primera instancia.

Por falta de presupuesto, y debido al fallecimiento de su esposo, doña Carmela no pudo reabrir el caso en instancias judiciales, por lo que el trámite quedó en foja cero hasta marzo de 2019. Aquel año, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) ya contaba con la alianza con la Fundación UNIR Bolivia para impulsar un programa piloto de conciliación vecinal como un mecanismo de resolución de conflictos. Gracias a esta iniciativa se constató que el caso de doña Carmela llevaba paralizado muchos años en la Unidad de Administración y Control Territorial, por lo que el personal edil le llamó para sugerirle una alternativa para solucionar su conflicto.

“Yo estaba desconfiada, pero igual fui”, relata doña Carmela, quien había peregrinado de oficina en oficina con este caso por más de 14 años, situación que le había quitado el sueño y la tranquilidad todo ese tiempo. Y además deterioró la relación con su vecino.

Como el caso estaba archivado en la vía judicial, este pudo entrar en conciliación extrajudicial. Así, el equipo de UNIR Bolivia inició el proceso e invitó a la otra parte. María de los Ángeles Estenssoro, hija de don Alfonso, fue en representación de su padre debido a la edad avanzada de su progenitor, quien ya no salía mucho de su casa.

Al principio María de los Ángeles no creía que ese tema debiera reactivarse, pues afirmaba que, después de 25 años, ellos ya no tendrían obligación de hacer ningún trámite con doña Carmela. No obstante, tanto en las sesiones grupales como en las individuales, ella comprendió que solucionar esta problemática no solo beneficiaría a doña Carmela, sino también a su familia, esto debido a que sus documentos también tenían el problema de la sobreposición de predios, y que en su catastro no se consideraban todos los metros.

Pero ¿cuál era el problema de fondo? En la segunda sesión de la conciliación se descubrió que, pese a que doña Carmela ocupaba solo 323 metros, durante 25 años ella había pagado los impuestos de los 331 metros que figuraban en planos, es decir había pagado por los ocho metros que eran parte de la vivienda vecina. Aunque esa información tensó el proceso de conciliación, gracias a la dinámica del equipo de UNIR –en el que la escucha y la empatía son determinantes– las partes entendieron la necesidad de solucionar el asunto de la mejor forma.

“Hubo momentos en que no podíamos ponernos de acuerdo, pero gracias a Dios se dio el paso”, recuerda doña Carmela, aún con los ojos llorosos.

“Ella ya tenía su posición y nosotros, la nuestra; era un poquito difícil hacernos entender y tal vez entenderla a ella también. Las reuniones que hemos tenido con la conciliadora han sido muy equitativas porque hemos podido expresar lo que necesitábamos, entender a la otra parte, y llegar a un punto medio”, afirma por su parte María de los Ángeles, meses después de la firma del acuerdo.

Precisamente una de las cualidades de este proceso es que las conciliadoras guardan la independencia en todo momento y escuchan ambas partes por igual.

Por la complejidad técnica y porque se trataba de un problema de hace más de dos décadas, si bien este caso fue uno de los más complicados que llevó a cabo la Fundación UNIR, en los dos años en que este programa se aplica, este mecanismo permitió mostrar que es posible llegar a un arreglo en el que ambas partes quedan conformes.

El acuerdo —suscrito en un acta con valor legal— consistió en que se debía construir un muro que delimitara la casa en línea recta, y así eliminar esa sobreposición. El arreglo significó que doña Carmela recupere los ocho metros que estaban en sus papeles, y gracias a eso ambos dueños pudieron regularizar sus documentos.

Carmela y María aún recuerdan la emoción del día en que se concretó el muro, a finales diciembre de 2020. Con esa construcción el conflicto se terminó y ambas podrían hacer lo que quisieran con sus propiedades: heredar, vender o habitarlas.

“Hay un dicho que dice: ‘más vale un mal arreglo que un juicio largo’. Este no ha sido un mal arreglo porque hemos salido ganando las dos y obviamente nos hemos ahorrado el juicio largo (…) Siempre un tercero es bueno para escuchar a ambas partes”, concluye María de Los Ángeles.

Las dos coinciden en que este lío les significaba mucha energía y tiempo, y les alegra haber llegado a buen término y en poco tiempo. Además, tras el acuerdo, y gracias al proceso, su relación mejoró.

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Carmela Ortiz viuda de Soria

"Estaba pagando impuestos por 8 metros que no poseía"

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María de los Ángeles Estenssoro

"No podíamos dividir la casa ya que había una sobreposición"

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La clave es el modelo

La conciliación vecinal entre María de los Ángeles y doña Carmela, y por la que posteriormente se llegó a un acuerdo, pudo ser posible gracias a que esta alternativa cuenta con dos instrumentos técnicos consolidados: un catálogo de temas o conflictos vecinales que se pueden conciliar y un modelo de siete etapas para solucionarlos. Ambos instrumentos —propuestos por la Fundación UNIR Bolivia y la Cooperación Suiza, en coordinación con la Alcaldía de La Paz— son la base de una manera de solucionar controversias entre vecinos sin recurrir a juicios.

El catálogo muestra los casos conflictivos más recurrentes en el GAMLP, de los que se identificaron 11 tipos, principalmente relacionados con la administración territorial.

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Sobreposición de predios, que pueden ser inmuebles, lotes o terrenos 

Los técnicos municipales explican que se escogió el ámbito territorial porque es una de las problemáticas más frecuentes por las que más atraviesan los vecinos paceños, esto debido principalmente a la topografía, lo que afecta en muchos casos al momento de fraccionar los inmuebles, ya sea para venderlos o heredarlos.

 

De los 31 casos que atendió la Fundación UNIR Bolivia en esta fase piloto, la mayoría de los casos está relacionado con la invasión y sobreposición de predios, como casas y terrenos.

Susana Saravia, directora de Administración Territorial y Catastral del GAMLP

En relación con el modelo, este cuenta con siete pasos que se tienen que cumplir para llegar a la conciliación, y que forman parte del “Protocolo de actuación y relacionamiento para la orientación sobre conciliación vecinal municipal”, como se puede ver en la siguiente infografía:

En el caso antes relatado, lo primero que hizo el personal técnico de la comuna fue asesorar a doña Carmela sobre esta alternativa extrajudicial para luego derivarla a la Fundación UNIR Bolivia. Una vez que la interesada se reunió con el equipo de esa institución, el caso fue registrado y se verificó si la problemática estaba dentro del catálogo. Después de ese procedimiento, la conciliadora asignada hizo llegar una invitación a María de los Ángeles, y no una notificación como suele hacerse en un proceso legal, lo que hizo más amigable el primer acercamiento con la otra parte. Luego se llevaron a cabo las audiencias, cuya cantidad puede variar de acuerdo con la complejidad del caso.

Gracias a las sesiones, grupales e individuales, ambas partes llegaron a un acuerdo, que se materializó en un acta que fue firmado por las interesadas, y que tiene el mismo valor de una sentencia judicial, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio. Con el procedimiento, el problema observado por la Alcaldía finalmente concluyó, y doña Carmela y María de los Ángeles pudieron sanear sus trámites.

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Más rápido y más barato

El caso de las familias Ortiz y Estenssoro es un ejemplo real de que la conciliación extrajudicial es una alternativa frente a los procesos judiciales; además, esta implica bajos costos económicos, menor tiempo y menos desgaste emocional. Así, este problema que se originó hace 25 años –de los cuales la mitad de ellos estuvo con trámites pendientes, abogados y arquitectos– se solucionó en menos de un año, y sin pagar las altas tarifas de los juristas.

 

La coordinadora nacional del Centro de Conciliación y Capacitación de la Fundación UNIR, Fátima Pizarro, explica que en este tipo de resoluciones los involucrados retoman el control y la gestión de su propio conflicto, y que la participación del tercero es mínima. La dinámica permite que las partes elijan la mejor alternativa.

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Fátima Luna Pizarro, coordinadora de Sociedad Civil del Proyecto Acceso a Justicia

La premisa de la fundación permite acceder a la justicia de manera más efectiva, en un país donde hacerlo es cada vez más complicado debido a la mora y retardación, situaciones que se deben principalmente a que menos del 1% del presupuesto general va a la justicia, lo que ocasiona que haya un juez por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, una de las bondades de la conciliación es que los acuerdos a los que se llegan tienen el mismo peso legal que una sentencia judicial.

“Es una herramienta poderosa por su eficacia. Un acta de conciliación tiene valor de cosa juzgable. Además, no es apelable”, explica la directora de la Fundación UNIR, Marisol Quiroga.

María Soledad Quiroga, directora de la Fundación UNIR Bolivia 

Como se vio en el caso arriba relatado, la base de este proceso es el diálogo, lo que permite entender que la otra parte no es la enemiga, sino la que coadyuva para enmendar el problema. Este mecanismo permite solucionar los conflictos vecinales dentro de la cultura de paz y no en instancias judiciales.

Por ese motivo, la Cooperación Suiza apoyó el convenio entre la alcaldía y la Fundación UNIR, firmado en 2018, para aplicar la conciliación vecinal en La Paz, pues vio una opción efectiva para que las personas puedan acceder a la justicia.

Conferencia de prensa poco antes de la firma del convenio entre el GAMLP y UNIR Bolivia (2018)
Conferencia de prensa poco antes de la firma del convenio entre el GAMLP y UNIR Bolivia (2018)

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Firma del convenio entre el exdirector de UNIR Bolivia, Antonio Aramayo, y el exalcalde Luis Revilla
Firma del convenio entre el exdirector de UNIR Bolivia, Antonio Aramayo, y el exalcalde Luis Revilla

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Antonio Aramayo (UNIR), Luis Revilla (GAMLP), Pedro Susz (HCM) y Mila Reynolds (Cosude).
Antonio Aramayo (UNIR), Luis Revilla (GAMLP), Pedro Susz (HCM) y Mila Reynolds (Cosude).

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Conferencia de prensa poco antes de la firma del convenio entre el GAMLP y UNIR Bolivia (2018)
Conferencia de prensa poco antes de la firma del convenio entre el GAMLP y UNIR Bolivia (2018)

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La pregunta es: ¿Por qué la Cooperación Suiza apoya iniciativas que promueven la conciliación en Bolivia? Esto es lo dice al respecto la embajadora de este país, Edita Vokral:

Edita Vokral,
embajadora de Suiza

En consecuencia, tanto la Cooperación Suiza como el Gobierno Municipal de La Paz destacan la conciliación para la resolución de conflictos y así evitar todas las complicaciones que implica llegar a la justicia ordinaria.

“A veces uno se da cuenta de que es simple que dos personas se sienten en una mesa para resolver un tema que no habían podido solucionar antes, y que más bien estaban en estrados judiciales muchos años”, explica el asesor legal de la Secretaría Ejecutiva del GAMLP, Ricardo Fernández.

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Ricardo Fernández, asesor legal
de la Secretaría Ejecutiva del GAMLP.

Esto, a su vez, hace que la relación de los implicados no se malogre, como ocurre después de un juicio ordinario largo, en el cual hay ganadores y perdedores. En cambio, Quiroga resalta que en la conciliación las dos partes ganan. 

Con esta apuesta el municipio de La Paz da a sus habitantes la opción de gestionar sus conflictos pacíficamente y, además, de forma económica.

Doña Carmela no consigue sumar todo lo que gastó antes de llegar a la conciliación extrajudicial, pero dice que fue mucho dinero, entre el pago a los numerosos arquitectos y abogados. Asimismo, aunque no con la misma magnitud, la otra parte también dispuso bastante efectivo en el proceso judicial. En cambio, gracias al convenio entre la Alcaldía y UNIR en la conciliación extrajudicial las interesadas solo pagaron 100 bolivianos.

De acuerdo con el “Estudio econométrico de beneficios para el ciudadano y costos ahorrados al Estado por efecto de la aplicación de la conciliación en sede judicial”, se estima que el gasto que realizaron las personas y el tiempo que invirtieron en esta modalidad se redujo en 11% en gastos directos y en 5% en cuanto al tiempo.

Mila Reynolds, Oficial Nacional del Programa del Área de Gobernabilidad de la Cooperación Suiza

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Conciliar en tiempos de Covid-19

Para entrar a la casa de Loreta y Pedro se debe pasar por un pasillo sobre el cual está la vivienda de otra persona, quien era dueña del ingreso. En papeles esto significaba que la propiedad de la pareja no tenía salida a la calle. A ese problema se sumaba otro que arrastraban desde hace más de 30 años: su inmueble –que está en la parte de atrás de una infraestructura más grande, en la zona de San Pedro– figuraba legalmente como departamento de propiedad horizontal, mientras que la parte delantera figuraba como vivienda unifamiliar.

“El dueño original nos dejó los planos de la casa, pero abarcaba toda la construcción original, y, para solicitar el proceso de catastro, teníamos que aclarar por qué había una doble nomenclatura (de derecho propietario) en una sola infraestructura”, relata don Pedro Durán en el patio de su hogar.

El decidió mudarse de la casa de sus suegros, y junto con su esposa compraron el inmueble en 1986 para que ellos y sus hijos tengan más libertad. Cuando se enteraron del problema, 10 años después, intentaron regularizar la situación del inmueble, pero ya no pudieron encontrar al dueño original, y así la propiedad tuvo varios propietarios en las últimas dos décadas.

En 2019, al retomar los trámites del catastro de su casa para heredarle a su hija (su hijo falleció hace algunos años), la pareja le pidió al nuevo dueño de la vivienda de adelante que tramitara un nuevo catastro para regularizar el tipo de predio como departamento. La respuesta de este fue contundente: les dijo que sus documentos estaban en orden y que él no tenía porqué solucionar otros inconvenientes.

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El pasillo de
la discordia

Los esposos Durán conversan con la arquitecta Giovana Rodríguez, que les ayudó a encontrar una solución al problema que tenían con su vecino hace ya varios años atrás.

Antes de que la pareja pensara como opción la vía judicial, el personal de la plataforma de Emisión Territorial y Catastral de la Alcaldía paceña, que ya estaba capacitado en esta nueva herramienta, le dijo que la mejor opción era solucionar el asunto por medio de la conciliación.

Don Pedro aceptó, sorprendido de la posibilidad de un proceso corto y con pocos recursos económicos. Llegó a la Fundación Unir en marzo de 2020, a pocos días de que el Gobierno determine la cuarentena rígida a causa del coronavirus, y allí inició el caso.

Por el confinamiento, don Pedro creyó que su trámite no avanzaría hasta que las cosas se mejoren; sin embargo, Fátima Pizarro, la conciliadora, quien ya había hecho llegar una invitación a la otra parte, propuso a los implicados continuar el proceso conciliatorio vía virtual, garantizando que la confidencialidad se mantendría.

 

Así lo hicieron. El vecino —quien aceptó la invitación— participó en todas las sesiones. Por su parte, la pareja contó con la colaboración de Giovana Rodríguez, la arquitecta que la asesoraba y que tenía poder notarial para representarla. Esta situación se dio debido a la edad de doña Loreta y de don Pedro, quienes tienen dificultades para manejar aplicaciones de videollamadas.

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A un inicio, la otra parte —que prefirió no salir en este reportaje— estaba renuente a llegar a una solución debido a que temía perder una superficie de la construcción de su casa. La conciliadora se encargó de explicarle que eso no sucedería, y que reanudar los trámites también le convendría a él, pues la doble nomenclatura afectaba también a su propiedad. Además, Fátima le hizo entender que la conciliación es voluntaria y es previa a cualquier otra medida, como un juicio en la vía ordinaria; asimismo, le pidió que se ponga en el lugar de sus vecinos y animó su espíritu solidario.

Otro factor que posibilitó llegar a un acuerdo fue que, además de las partes y de la conciliadora, en las audiencias también participaron los técnicos de la Dirección de Emisión Territorial y Catastral del GAMLP. Esto permitió que la otra parte tenga la garantía de que la explicación de una solución técnica no solo sea posible, sino también ecuánime.

“Como yo tenía conocimiento de la parte técnica, los otros señores sentían algo de susceptibilidad, creían que yo estaba interpretando las cosas en favor de la familia Durán. Entonces los técnicos de la Alcaldía tomaban las bases más equilibradas, como para que la otra parte no tenga dudas de la solución técnica”, cuenta Rodríguez.

Fueron alrededor de cinco sesiones. Gracias a la rigurosidad técnica y a la guía de gestión del conflicto, las partes acordaron una solución.

Con la asesoría técnica correspondiente se determinó que ambas partes inscribirían su propiedad como vivienda unifamiliar independiente, y también se acordó que el pasillo que está debajo de la casa delantera tenga estatus de paso de servidumbre, lo que posibilita que la familia  Durán tenga derecho perpetuo a este.

La pareja destaca haber solucionado un problema de tantos años en épocas de Covid-19, y que ello a su vez posibilitó que las relaciones con su vecino mejoraran.

“Yo tenía miedo de que entremos a juicio, que dura años, pero gracias a Dios se solucionó todo y lo que queremos es llevarnos bien con el vecino de adelante”, explica doña Loreta, quien sostiene alegre su catastro.

A partir de esta experiencia, la Fundación UNIR hasta el final del convenio con la alcaldía dio la posibilidad a los vecinos de llevar la conciliación de manera virtual.

Capacitación funcionarios GAMLP, marzo d
Coordinación y apoyo técnico

La guía técnica del GAMLP, que se dio en el caso de doña Loreta y don Pedro, está establecida en el “Protocolo de actuación y relacionamiento para la orientación sobre conciliación vecinal municipal”.

Las conciliadoras coinciden en que muchos casos son tan complicados que primero se requiere un auxilio técnico para entender el problema y, después, su ayuda para ver si la solución es viable.

“El personal de la Alcaldía es clave; nosotros como conciliadores no entendemos mucho de estos casos, no es algo que conocemos. Son los arquitectos, ingenieros, topógrafos los que nos pueden explicar esta parte técnica, y a partir de ello nosotros ya podemos conducir el proceso”, cuenta Marisol Fernández, conciliadora de la Fundación UNIR Bolivia.

La sugerencia que la Alcaldía hizo sobre la conciliación fue determinante para que los esposos Durán no tuvieran que peregrinar por instancias judiciales, como lo hicieron las protagonistas del primer caso, y así evitaron gastos de dinero y de tiempo en aras de encontrar una solución a su controversia.

Gracias al convenio entre la Alcaldía de La Paz y la Fundación UNIR —especializada en conciliación y cultura de paz—, los funcionarios ediles fueron capacitados para asesorar a los vecinos sobre la opción de conciliar. Desde 2018, cuando se firmó el convenio, se capacitaron a 60 funcionarios de primera línea, que son los que tienen contacto directo con la ciudadanía.

Así, ellos, en las 14 plataformas distribuidas en los macrodistritos, exponían a los ciudadanos la opción y la posibilidad de resolver sus problemas a través de la conciliación extrajudicial. El gestor de servicios le hablaba sobre los beneficios y procedía al registro, en caso de que el ciudadano se interesara.

Jaqueline Amado, 
Jefa de la Unidad de Servicios y Atención Ciudadana del GAMLP

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El desafío:
replicar el modelo

Tanto UNIR como las autoridades ediles coinciden en que la conciliación no solo ayuda a los vecinos, para que estos puedan solucionar sus conflictos rápidamente y de forma pacífica, sino también ayuda a descongestionar los trámites de la Alcaldía.

“Si un funcionario tiene asignado 10 trámites, cinco están detenidos por sus controversias particulares, y solo cinco van tener un cupo de movilidad”, explica Luna Pizarro.

En la Comuna consideran que si se hubiera aplicado anteriormente este tipo de resolución de conflictos, se hubiera allanado el camino para los vecinos. Por ello, valoran la alianza entre el municipio y la Fundación UNIR Bolivia.

Asimismo, la Alcaldía considera que si otros municipios replicaran esta alianza entre el Estado y una organización de la sociedad civil especializada, los demás gobiernos municipales podrían dar soluciones pacíficas y efectivas a sus ciudadanos.

Desde ya, uno de los primeros alcaldes del país en anunciar que la conciliación vecinal será parte de su futura agenda es el flamante alcalde de La Paz, Iván Arias:

Iván Arias, 
Alcalde de La Paz

El hecho de que el programa piloto de conciliación vecinal haya consolidado un modelo permite pensar en que este puede ser replicado en otros municipios, donde los vecinos no consideran esta opción y donde se enfrascan por años en juicios desgastantes.

En esa línea, la Fundación UNIR Bolivia tiene acercamientos con los gobiernos municipales de Viacha y Sacaba, y se espera pueda firmar un convenio para aplicar este método de resolución de conflictos con otros, como El Alto y Cochabamba, cuyos alcaldes electos hicieron conocer públicamente, mientras eran aún candidatos, su disposición y compromiso para incluir la conciliación vecinal en sus agendas ediles. 

Eva Copa, 
Alcaldesa de El Alto

Manfred Reyes Villa, 
Alcalde de Cochabamba

El balance, al final, como dice Susana Saravia, directora de Administración Territorial y Catastral del GAMLP, es positivo:

 

Susana Saravia, directora de Administración Territorial y Catastral del GAMLP

La Paz de la conciliación (video reportaje)

La consolidación de próximos convenios interinstitucionales permitirá que los vecinos de los otros municipios solucionen sus conflictos de manera pacífica, como lo hicieron doña Carmela y María de los Ángeles, o tener como primera opción la conciliación, como sucedió con los esposos Durán.

Galería
(Pasar el puntero o el dedo por la foto para leer los créditos)

Audiencia de conciliación vecinal-municipal
Firma de convenio entre el GAMLP y la Fundación UNIR (2018)
Los adultos mayores son parte de la población objetivo de la conciliación vecinal
Funcionarios del GAMLP capacitados en conciliación vecinal junto al exalcalde Revilla
Carmela Ortiz y María de los Ángeles Estenssoro celebran con un apretón de manos el acuerdo logrado.
Los esposos Durán junto a la arquitecta Giovana Rodríguez luego del acuerdo logrado
Una pareja sella un acuerdo conseguido gracias a una conciliación en la Fundación UNIR Bolivia
Ricardo Fernández, asesor legal de la Secretaría General del GAMLP
Jaqueline Amado, jefa de la Unidad de Servicios de Atención Ciudadana del GAMLP
Susana Saravia, directora de Administración Territorial y Catastral del GAMLP
Fátima Luna Pizarro, coordinadora del Proyecto Acceso a Justicia de la Cosude
Recepción en el Centro de Conciliación de la Fundación UNIR Bolivia