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Conciliación Extrajudicial

Una labor corresponsable entre Estado y sociedad civil

Al ser la conciliación un medio voluntario de resolución de conflictos, la primera palabra la toma la sociedad y para ello tiene a mano centros y servicios de primera calidad y con una larga tradición en cultura de paz.

Daniel y Marcia no se conocen, pero tienen mucho en común. Ambos, en distintas ciudades y fechas, se separaron de sus respectivas parejas y debían acordar la asistencia familiar. Para resolver su caso ninguno de los dos llegó a los juzgados de familia, donde usualmente se resuelven este tipo de controversias, sino que ambos acudieron a los centros de conciliación extrajudicial, y allí lograron, en poco tiempo, un acuerdo que beneficia a sus hijos.

“Pudimos llegar a acuerdos de manera rápida y sin problemas o discusiones. Yo creo que (la conciliación) es la manera más inteligente de solucionar tus problemas. Yo he sentido que ha ganado mi hija”, cuenta Daniel, quien, a iniciativa de su exesposa, fue al Centro de Conciliación Atenea, con sede en Sucre.

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Daniel
(Sucre)

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Marcia (Tarija)

Al igual que él, Marcia, una joven de Tarija, considera que fue un acierto alcanzar un acuerdo a través de esta instancia porque, además de recibir orientación, el proceso permitió que su expareja estrechara lazos con su hijo de tres años. “Ahora viene más. Él estaba un poco alejado, pero ahora viene; está pendiente (de nuestro hijo) y está cumpliendo con los acuerdos”, relata la madre de familia, quien llegó al Centro de Conciliación Ivi Maraei (Tierra sin mal, en guaraní), ubicado en la ciudad de Tarija.

La opción de acudir directamente a centros de conciliación (sin pasar por instancias judiciales) dio sus primeros pasos en 2016, gracias a que un año antes, en junio de 2015, se promulgó la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje.

Esta norma regula la conciliación extrajudicial, designando al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como órgano rector, y bajo cuya responsabilidad está, entre otros, autorizar el funcionamiento de los centros de conciliación y arbitraje, que actualmente suman 54.

En estos espacios se busca resolver los problemas de manera pacífica, en poco tiempo y con menor costo de lo que implica una demanda judicial, caracterizada en cambio por su complejidad, lentitud y formalismo.

La coordinadora del Proyecto Acceso a Justicia (PAJ) - Fundación UNIR Bolivia y miembro del equipo de conciliadoras de la Fundación UNIR Bolivia, mandataria del PAJ, Fátima Luna Pizarro, explica que en este tipo de resoluciones los involucrados retoman el control y la gestión de su propio conflicto, y que la participación del tercero –en este caso, el conciliador– es mínima. La dinámica posibilita que las partes elijan la mejor alternativa en una ambiente de cultura de paz.

Fátima Luna Pizarro, coordinadora Fundación UNIR Bolivia-Proyecto Acceso a Justicia

Así, la conciliación extrajudicial permite acceder a la justicia de manera más efectiva, en un país donde hacerlo es cada vez más complicado debido a la mora y retardación, el hacinamiento en los penales y la corrupción.

Una de las bondades de la conciliación es que los acuerdos a los que se llegan tienen el mismo peso legal que una sentencia judicial. “Por su eficacia, es una herramienta poderosa. Un acta de conciliación tiene valor de cosa juzgada. Además, no es apelable”, explica la directora de la Fundación UNIR Bolivia, Marisol Quiroga.

La base de este proceso es el diálogo, lo que permite entender que la otra parte no es la enemiga, sino la que coadyuva para arreglar el problema. Este mecanismo permite solucionar los conflictos dentro de la cultura de paz y no en instancias judiciales, donde, en muchos casos, las partes terminan como enemigas, lo que también significa un desgaste emocional para ambas.

Esta instancia legal puede ser aplicada en materia familiar –división de bienes matrimoniales, asistencia familiar o visitas a los hijos–; en conflictos civiles –división de herencias, cobro o pago de deudas, alquileres o anticréticos, incumplimiento de contratos–; además de conflictos entre vecinos –como filtraciones, humedades, rajaduras, fisuras, olores desagradables, ruidos molestos, muros medianeros, invasión o sobreposición, propiedad horizontal, uso de pasajes comunes o servidumbres de paso–.

 

De acuerdo con la normativa, la conciliación no puede ser aplicada en controversias en materia laboral ni en seguridad social; tampoco en cuestiones relativas a estado civil y capacidad de las personas, bienes o derechos de incapaces sin previa autorización judicial; cuestiones concernientes a funciones del Estado; cuestiones que no sean objeto de transacción.

La implementación de la conciliación –que en otros países se conoce como mediación– significó en Bolivia un cambio de chip al momento de resolver conflictos: de la cultura del litigio a la cultura de paz, explica Edita Vokral, embajadora de Suiza en Bolivia, entidad que apostó por el acceso a justicia, en general, y la conciliación, en particular, desde hace casi una década.

Edita Vokral, embajadora de Suiza en Bolivia

UNIR, la piedra fundamental

Al cobijo de la normativa vigente, la Fundación UNIR Bolivia lideró la conformación de la Red de Conciliación extrajudicial para reunir a los centros que tienen a su cargo la aplicación de la conciliación, con el objetivo de generar un espacio conjunto para fortalecer y ampliar su alcance de trabajo.

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A partir de la promulgación de la Ley 708, la Fundación UNIR Bolivia –institución especializada en cultura de paz, en gestión constructiva de conflictos y en métodos alternativos de la resolución de disputas– fue una de las primeras organizaciones de la sociedad civil en tramitar, en 2016, la autorización de los centros de conciliación. Lo hizo en el marco de la implementación del Proyecto de Acceso a la Justicia (PAJ) de la Cooperación Suiza en Bolivia, y del cual es mandataria. Así, el primer centro de conciliación comenzó a funcionar en la ciudad de La Paz en febrero de 2017 y, poco tiempo después, en Cochabamba.

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Centros de Conciliación Guillermo Roca Roca de la Fundación UNIR Bolivia en las ciudades de La Paz (izquierda) y Cochabamba.

La habilitación de estos centros es un hito en el cambio del chip sobre la resolución de conflictos, entre otras cosas por la participación de las y los conciliadores, quienes, de manera activa y empática, facilitan el diálogo entre ambas partes.

Para la formación de estos profesionales, que provienen de distintas áreas como el derecho, la sicología, el trabajo social o la comunicación, se requirió de capacitaciones especiales en conciliación, trabajo que el PAJ realiza de manera permanente.

“Sabemos que nuestra legislación nos permite un espectro más amplio para acoger a otros profesionales. De hecho, el equipo que ha trabajado en el Proyecto de Acceso a Justicia es multidisciplinario. Tenemos (profesionales) en varias disciplinas”, explica Luna Pizarro.

Con el tiempo, la Fundación UNIR Bolivia no solo consolidó los centros ya establecidos, sino también abrió otro en Santa Cruz. De ese modo, se nombró a los Centros de Conciliación Guillermo Roca Roca, en reconocimiento y homenaje a quien en vida fue el director ejecutivo de la fundación y Coordinador del Proyecto Acceso a Justicia.

Fátima Luna Pizarro, coordinadora  de la Fundación UNIR Bolivia-Proyecto Acceso a Justicia

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Guillermo Roca Roca (+), excoordinador del PAJ y fundador de los Centros de Conciliación de la Fundación UNIR Bolivia.

Visita de Patricia Aréchaga, mediadora número 1 de la Argentina, para ofrecer un taller al PAJ y a la Fundación UNIR Bolivia (agosto de 2019) 

 
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La primera Red de Centros

Por primera vez, se logró conformar un bloque de centros de conciliación de sociedad civil para incidir en la mejora de los servicios a través de índices de calidad y procesos de capacitación continua.

A los tres centros de conciliación extrajudicial de la Fundación UNIR Bolivia se sumaron otros en distintas ciudades del país, a cargo de instituciones de la sociedad civil. Entre estos destacan los centros de las cámaras de industria y comercio de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca; el Centro de Conciliación de Capacitación y Derechos Ciudadanos, en La Paz; Pedro Fabro, en Cochabamba; Athenea S.R.L., en Sucre; y el de la Fundación Ivi Maraei, en Tarija.

Desde distintos ámbitos y con diferentes especialidades, estas entidades brindan a las y a los ciudadanos, una opción directa de acceso a justicia, con tarifas económicas, diferenciadas y accesibles.

A la par, también se crearon centros de conciliación extrajudicial en instancias estatales, como los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

En la actualidad, como dijimos anteriormente, hay 54 centros de conciliación, entre públicos y privados, los cuales obtuvieron la autorización del Ministerio de Justicia, que es la entidad estatal encargada de habilitarlos. Cabe destacar que, en los cinco años de vigencia de estos espacios, se presentaron 30 mil solicitudes para ser resueltas por la vía de la conciliación, según datos de la Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales.

Marco Antonio González,

director general de Justicia y Derechos Fundamentales

A partir de 2018, y gracias a la consolidación del trabajo de estas instituciones, se vio la necesidad de crear una red de centros de conciliación. Con el fin de aglutinar, a través de reuniones, se posibilitó el intercambio de cómo prestan este servicio.

Luna Pizarro explica que, una vez conformada esta red, UNIR y la Cooperación Suiza realizaron varias actividades para fortalecer sus capacidades, apuntando a la calidad de los servicios que ofrecen. Además, se promovió la apertura de nuevos centros a partir de su asesoramiento.

Ahora –con el Proyecto de Acceso a Justicia ya concluido–, para el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles, el trabajo que realiza la Red de Conciliación es necesario para continuar con la formación de más profesionales, y para que este mecanismo llegue a solucionar problemas de más personas en el país.

César Siles,

viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales

La Oficial Nacional del Programa del Área de Gobernabilidad de la Cooperación Suiza, Mila Reynolds, considera que es relevante contar con 54 centros, y destaca la sinergia, coordinación y trabajo colaborativo que hay entre Estado y sociedad civil particularmente en este tema, que va en la lógica de la cultura de paz para el tratamiento de las controversias que los ciudadanos enfrentan.

Mila Reynolds, Oficial Nacional del Programa del Área de Gobernabilidad de la Cooperación Suiza.

El director general de Justicia y Derechos Fundamentales, Marco Antonio González, considera que hasta el momento los resultados obtenidos en los diferentes centros de conciliación han permitido avizorar buenos avances. Sin embargo, asegura que la conciliación es aún un tema pendiente a trabajar en el marco de la próxima reforma judicial.

“Lamentablemente, la mayor parte de los casos que llegan al Órgano Judicial y congestionan el sistema –vuelvo a repetir– deberían resolverse por un medio de conciliación, arbitraje o mediación. Nuestro objetivo es rescatar ese 80%, 90% de causas que entran al Órgano Judicial y resolverlos por la vía de la conciliación”, afirma González.

En ese sentido, Luna Pizarro, de la Fundación UNIR, considera que a partir de la Red de Conciliación se debería apuntalar conjuntamente al desarrollo de una política pública que sea visibilizada en la reforma de justicia, que actualmente trabaja el Ministerio de Justicia y con el aporte de la sociedad civil.

Las autoridades nacionales y los representantes de los distintos centros de la sociedad civil consideran que aún se debe trabajar en la socialización de este mecanismo para que así más personas conozcan las ventajas de la conciliación y sepan que el valor de un acta de conciliación es igual al de una sentencia.

Griselda Torrico, conciliadora de la Fundación UNIR Bolivia 

Cecilia Guevara, responsable de Justicia y Análisis Normativo del Ministerio de Justicia

Los centros de la Red
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Centros Guillermo Roca Roca de la Fundación UNIR Bolivia

LA PAZ

Av. Sánchez Lima 2696, a tres cuadras de la plaza Abaroa

75858308

LA PAZ

SANTA CRUZ

Ñuflo de Chávez N 21, entre René Moreno y Chuquisaca.

74261871

COCHABAMBA

Av. Salamanca N 644, Edif. Fundes, piso 3, of. E

69503028

SANTA CRUZ

Ñuflo de Chávez N 21, entre René Moreno y Chuquisaca.

74261871

Cámaras de industria y comercio de Bolivia

LA PAZ

Av. Costanera, calle 8, N 21. Edificio de Seguros, piso 3

2772372

COCHABAMBA

Av. Ballivián 782

Edif. Torre Industrial

4257057

SANTA CRUZ

Avenida Las Américas N 7

Santa Cruz de la Sierra

3334555

TARIJA

Calle Bolívar No 233, piso 1 Tarija

6642737

CHUQUISACA

Calle España N 64

Sucre

64 51724

Ivi Maraei
Athenea

TARIJA

Barrio 4 de Julio, calle Argentina # 1061

6660331

CHUQUISACA

Av. Hernando Siles #936, tercer piso, oficina #301

64 36908

Conciliación vecinal municipal

La Fundación UNIR Bolivia, mandataria del Proyecto Acceso a Justicia de la Cooperación Suiza, puso en práctica un modelo para implementar la conciliación vecinal que actualmente se desarrolla en cuatro municipios urbanos.

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En el país, los conflictos entre vecinos son más comunes de lo que se piensa, y estos pueden durar años sin ser resueltos, incluso aunque se haya iniciado un proceso en la vía judicial; sin embargo, desde la aplicación de un modelo piloto de conciliación vecinal en el municipio de La Paz, muchos problemas fueron resueltos en poco tiempo y sin mayores trámites.

Ese fue el caso de doña Loreta y don Pedro, quienes arrastraban un problema hace 30 años con el vecino de la propiedad que estaba delante de la suya; de acuerdo con los papeles, su propiedad no contaba con el espacio de entrada a su hogar. Además, debían volver a tramitar un nuevo catastro porque su inmueble figuraba legalmente como departamento de propiedad horizontal, mientras que la parte delantera lo hacía como vivienda unifamiliar.

Cuando don Pedro retomó los trámites en la Alcaldía, allí le explicaron que para solucionar ambos problemas podría acudir a la Fundación UNIR Bolivia para conciliar, y así lo hizo a inicios de 2020. Pese a que al poco tiempo de iniciar su caso se anunció la pandemia por el COVID-19, la Fundación les dio a ambas partes la opción de hacer el proceso de conciliación por vía virtual. Para resolver su caso, también participaron técnicos de la Alcaldía, quienes con rigor orientaron sobre las posibles soluciones.

De ese modo y en poco tiempo se llegó a un acuerdo. Los vecinos destacan haber solucionado un problema de tantos años en épocas de COVID-19, y que ello a su vez posibilitó que su relación mejorase.

Este y otros casos se resolvieron gracias a que en 2019 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) firmó una alianza con la Fundación Unir, en el marco de la fase dos del Proyecto Acceso a la Justicia de la Cooperación Suiza en Bolivia, para impulsar un programa piloto de conciliación vecinal como un mecanismo de resolución de conflictos.

Pedro y Loreta resolvieron un conflicto con su vecino gracias a la conciliación

La conciliación vecinal y los acuerdos pudieron ser posible gracias a que esta alternativa cuenta con dos instrumentos técnicos consolidados: el modelo y el catálogo de temas. Ambos instrumentos —construidos por UNIR, la Alcaldía y la Cooperación Suiza— permiten entender los tipos de conflicto y los pasos a seguir.

El catálogo se basó a partir de los casos conflictivos más recurrentes en el GAMLP, de los que se identificaron 11 tipos de conflictos, los cuales están principalmente relacionados con la administración territorial.

Los técnicos municipales explican que se escogió el ámbito territorial porque es una de las problemáticas más frecuentes por las que más atraviesan los vecinos paceños, esto debido principalmente a la topografía, lo que afecta en muchos casos al momento de fraccionar los inmuebles, ya sea para venderlos o heredarlos.

 

De los 101 casos que atendió UNIR en los dos años en que se implementó este proyecto piloto en La Paz, la mayoría de los casos están relacionados con la invasión, sobreposición de predios y de linderos.

El modelo cuenta con siete pasos que se tienen que cumplir para llegar a la conciliación, y que forman parte del “Protocolo de actuación y relacionamiento para la orientación sobre conciliación vecinal municipal”.

Los pasos para resolver conflictos vecinales

Actualmente solo tres gobiernos municipales de los 340 ーLa Paz, Sacaba y Punataー comenzaron a implementar la conciliación vecinal, pese a que esta figura está establecida en la Constitución Política del Estado (CPE). Anteriormente, la Fundación UNIR también trabajó con una gestión anterior del Gobierno Municipal de Viacha, en el departamento de La Paz, como se muestra en un spot más abajo.

La implementación de este mecanismo está vinculada directamente con la voluntad política tanto del legislativo nacional ーpara que viabilice una ley marco con las bases de su ejecuciónー, como de las autoridades municipales ーpara que la incluyan en sus agendasー.

“Vemos que no existe una voluntad política clara para promover que esto se haga realidad en el país. Obviamente, para que la conciliación se haga una realidad plena y que verdaderamente sea una alternativa para la población de acceso a justicia, se requiere de una política pública que promueva, fortalezca y desarrolle”, afirma la directora de la Fundación UNIR Bolivia, Marisol Quiroga.

Asimismo, Quiroga explica que esa política pública debe partir de la aprobación de una ley marco que trace la ruta para que los gobiernos municipales puedan promocionar e implementar este mecanismo de resolución de conflictos.

La ausencia de esta normativa se da 12 años después de la aprobación de la nueva CPE, que, en el punto seis del parágrafo uno de artículo 299, afirma que son competencias compartidas del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas el “establecimiento de Instancias de Conciliación ciudadana para resolución de conflictos entre vecinos sobre asuntos de carácter municipal”.

Quiroga resalta que la ausencia de la Ley Marco de Conciliación Ciudadana Municipal hace que la ciudadanía, e incluso algunas autoridades, desconozcan esta posibilidad, y que por ello la cultura judicialista prevalece. Considera que el Órgano Ejecutivo es también responsable de promover la aprobación a nivel legislativo.

Susana Saravia, exdirectora de Administración Territorial y Catastral del GAMLP

Nilda Fernández, vicepresidenta del Concejo Municipal de Oruro.

Historia de la conciliación vecinal en 10 minutos

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SIJPLU y SEPDEP

Servicios estatales de conciliación

Los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU) y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), dependientes del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ofrece a la población vulnerable la opción de conciliar de manera gratuita y con una cobertura nacional.

 
SUJPLU: cómo recuperar desde una garrafa
hasta resolver contratos millonarios
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Las oficinas de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU) reciben diariamente al menos 13 solicitudes de resolución de conflictos. Las personas acuden a esa institución sin necesidad de pasar por las instancias judiciales, y apuestan por la conciliación extrajudicial. Los casos son diversos, desde solicitud de devolución de una garrafa o un maniquí —que muchas veces se constituyen en herramientas de trabajo de la o el solicitante— hasta la garantía de varios miles de bolivianos.

Entre los casos millonarios que se resolvió por esta vía está, está la devolución de dos millones de bolivianos, los que fueron entregados como garantía por un servicio comercial. A partir de la firma del acta de acuerdo, que tiene valor de sentencia, se pudo solucionar esta controversia a mediados del año pasado.

Los SIJPLU –dependientes del Ministerio de Justicia— fueron creados en 2015 y brindan cuatro servicios relacionados con la justicia: orientación jurídica, patrocinio legal en materia civil y penal, atención psicológica, y conciliación extrajudicial. Este último servicio se presta durante todos los días hábiles del año, incluso cuando los juzgados ingresan en vacaciones judiciales de fin de gestión.

El jefe de unidad de los SIJPLU, Aldo Torres, explica que, debido a su gratuidad, la conciliación extrajudicial beneficia principalmente a personas de escasos recursos. Torres asegura que, una vez que la gente se entera de esta vía de resolución de conflicto, opta por ella, sobre todo porque es un servicio efectivo, rápido y gratuito.

Aldo Torres, jefe de unidad de los SIJPLU

De acuerdo con Torres, del 100% de las invitaciones que emite el SIJPLU, a pedido de una de las partes, cerca del 60% llegó a tener resultados a través de la conciliación.

Del 1 de enero a la primera semana de diciembre de 2021, por la vía de la conciliación extrajudicial se recuperaron14 millones de bolivianos, de los cuales 12 millones corresponden al departamento de La Paz; además de objetos pequeños, como televisores, garrafas y otros.

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Este servicio cuenta con oficinas en las capitales de los nueve departamentos, además de la ciudad de El Alto, donde hay oficinas en siete distritos. En este sentido, esta institución trabaja con nueve conciliadores en todo el país, y 12 recién formados que están en proceso de acreditarse; es decir que se espera que en 2022, al menos dos conciliadores atiendan en cada una de las oficinas de los SIJPLU.

Torres destaca que todos los conciliadores se capacitaron en los cursos que brindó el Proyecto Acceso a Justicia de la Cooperación Suiza, a través de su mandataria, la Fundación UNIR Bolivia, lo que permite que los profesionales cuenten con la calidad necesaria en esta modalidad, y el compromiso con el servicio de asistencia social.

SEPDEP: Conciliar, una salida efectiva al conflicto penal
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El Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), institución descentralizada del Ministerio de Justicia, presta servicios de defensa penal técnica gratuita a personas de escasos recursos que no pueden acceder a un abogado privado. Desde 2019, el SEPDEP plantea a los acusados la conciliación como una opción de resolución de sus conflictos.

El director de Supervisión y Control del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Limbert Pinto, explica que el SEPDEP con la conciliación ofrece una alternativa legal a personas que fueron demandadas en la vía penal, como “una forma efectiva de solución de conflictos”.

Según datos del SEPDEP, en 2019 se conciliaron 250 causas; en 2020, 425; y en 2021, aproximadamente 212 causas.

Pinto destaca que la conciliación ayudó a rebajar la carga procesal que tienen los defensores públicos y todo el sistema judicial, los que deben activar varias instancias para resolver una causa: Policía, Fiscalía, Órgano Judicial y SEPDEP.

“Solucionar un conflicto mediante una conciliación evita que un investigador tenga esta carga (…) y que el Estado pueda tener una mejor atención; si se tiene menos carga, podemos dar una mejor atención a los casos más graves que se nos presentan”, dice.

Como la ley establece, Pinto aclara que este mecanismo se aplica en delitos menores como robo, hurto, amenazas, allanamientos, problemas patrimoniales o delitos culposos que no tengan como resultado la muerte, por ejemplo, lesiones en accidente de tránsito.

Conozca más sobre el trabajo del SIJPLU y el SEPDEP en este reportaje multimedia.

Limbert Pinto, director de Supervisión y Control del Servicio Plurinacional de Defensa Pública,